Según Walker, “hoy en día tenemos una ley de menores que nos avergüenza, que es puesta como ejemplo en otros países por ser paternalista, tutelar, que sólo se preocupa de las niñas, niños y adolescentes en la medida que estén en riesgo social. Nosotros queremos que ellos sean sujetos de derechos, y eso establece este proyecto, que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Legislativo tengan que eliminar los obstáculos para que se reconozcan los derechos de los niños”.

El parlamentario agregó que “si hay un derecho vulnerado, el Estado sería el responsable de restituir el derecho vulnerado. Esa es la concepción que hoy proponemos al país”.    

Walker, además, reiteró el llamado para que el Gobierno junto con darle patrocinio al proyecto que crea la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, también auspicie la iniciativa que crea el Defensor del Niño. “Cuando hay un consumidor que tiene un problema de abuso por parte de una empresa, va al Sernac. Cuando a un trabajador no le respetan sus derechos, va a la Inspección del Trabajo. ¿Dónde reclamamos cuando no se respetan los derechos de los niños? No existe ningún lugar”.

El representante de Aysén en el Senado indicó que “por esto queremos un defensor autónomo, que no tenga que mirarle la cara al Gobierno de turno, que peda ser un Pepe Grillo que ponga el dedo en la llaga para decir donde no se están respetando los Derechos de los Niños. Le pedimos nuevamente patrocinio al Gobierno para poder crear el Defensor de los Niños”.    

El senador Patricio Walker resaltó la labor que han cumplido las distintas organizaciones de defensa de los derechos de los niños, afirmando que “este fue un trabajo hecho fundamentalmente por las organizaciones. Ellos dieron los insumos que permitieron crear este proyecto”.

Por su parte, el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, indicó que “este es un paso bastante importante, quizás un poco atrasado, pero muy importante.  Lo que buscamos es construir un país donde la infancia esté protegida, tenga participación y visibilidad y no sea considerada sólo como un objeto de políticas públicas, sino sujetos de derechos que deben ser protegidos, acompañados y tienen derecho a vivir en un mundo confiable para ellos. Estamos convencidos que un mundo confiable para los niños es un mundo confiable para todos. Esta es la iniciativa legal más importante que se ha propuesto durante este año”.

 Murillo indicó que “ a partir de la propuesta de que debe existir un defensor de la infancia, todas las situaciones de abuso sexual infantil y todo tipo de vulneración deben ser perseguidas y  se deben crear instancias concretas para garantizar los derechos de los niños. Esta ley cambia la manera de ver la infancia. Según los últimos estudios de UNICEF, un 71% de los niños dice vivir situaciones de agresión tanto física, sexual o psicológica. Tenemos que combatir esto, por eso este proyecto es muy importante”.

Según el senador, “el informe de UNICEF y Contraloría indica que un 71% de niños reconocen ser víctimas de violencia, de los cuales un 25% serían víctimas de maltrato grave y un 8,7% reconoce haber sido víctima de abuso sexual. Esto es algo lamentable”.

Walker afirmó que “hoy la contraloría ha señalado que 7500 niños no tienen espacio en programas de atención especializadas para personas que han sufrido el abuso sexual, el maltrato grave y que requieren reparación. Quiero afirmar categóricamente que los niños de Chile no están siendo prioridad para el Estado”.

El parlamentario indicó que “La fundación San Carlos de Maipo ha señalado que se requieren 50 mil millones de pesos para que no sigan cerrando los hogares de menores en Chile. Han cerrado 76 hogares, casas de acogida y programas de mención especializada para niños abusados sexualmente, maltratados o abandonados. Esto significa que estos 7500 niños que están en la calle no tienen un espacio, no tienen reparación ni apoyo, por lo que pueden entrar al círculo de la violencia, del delito y probablemente pueden ser presas de  las redes de explotación sexual comercial infantil y de la droga”.

El representante de Aysén en el senado aseguró que “esta situación no da para más, por eso ayer en la subcomisión de presupuesto le pedí al Ministro de Justicia, a la Subsecretaria de Justicia y al director del Sename, que el Gobierno entregue recursos adicionales. En la Ley de Presupuesto se puede ver un aumento de sólo 5 mil millones de pesos para niños en riesgo social, subiendo de 80 mil a 85 mil millones de pesos. Se requieren 50 mil millones de pesos extras para terminar con las listas de espera y los cierres permanentes de hogares de menores”.

“Recordemos que durante este último año aumentaron en un 20%  las denuncias por delitos sexuales y desgraciadamente el Estado y el Sename no está entregando programas de atención especializada para esos niños, para ser reparados y para hacer peritajes”, señaló Walker.

El legislador declaró que “espero que el Gobierno pueda presentar una indicación haciéndose cargo de este déficit y entregando recursos adicionales, porque estoy convencido que si lo niños votaran en Chile, no tendríamos estos problemas. Como no votan, no son prioridad para el Estado. Hoy en día son el patio trasero del Estado de Chile. Esta es una situación grave e inaceptable, por eso le pido al Presidente de la República para que ponga los recursos en la Ley de Presupuesto para hacernos cargo de los niños de nuestro país”.

A raíz de la serie de denuncias de abusos sexual en un jardín infantil de la fundación Integra en la comuna de Estación Central, el senador Patricio Walker reiteró la necesidad que el gobierno  le ponga urgencia al proyecto de Ley que pretende prevenir la comisión de este tipo de delitos en establecimientos educacionales y que fue presentado por el parlamentario en enero de este año.

Según el senador, “en el ámbito de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, creemos que es necesario dar pasos adicionales. Hoy existen normas como la obligación de denunciar casos de delitos sexuales contra menores que pesa sobre los responsables de establecimientos educacionales. Pero eso no basta”.

 Walker agregó que “el proyecto que presentamos busca establecer responsabilidad concreta para los establecimientos educacionales en orden a efectuar una serie de medidas tendientes a prevenir que sigan sucediendo casos tan repudiables como lo son el abuso de, a veces, decenas de niños al interior de una escuela o colegio por un profesor, sacerdote o funcionario que trabaja en el mismo lugar”.

 La iniciativa establece que toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, deberá solicitar que se le informe, para fines particulares, si ésta se encuentra afecta a la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal, es decir, inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

 También propone que los referidos establecimientos educacionales soliciten respecto de las personas señaladas, evaluaciones psicológicas acreditadas para efectos de descartar patologías de base inhabilitantes para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y detectar posibles conductas de riesgo.

Tanto para el caso de estas evaluaciones, como para la información obtenida del Registro General de Condenas, se establece un deber de reserva de los establecimientos educacionales en orden a evitar discriminaciones o mal uso de la información sensible que contienen.

El proyecto también propone que los establecimientos educacionales capaciten a su personal en la materia, de manera tal de detectar tempranamente conductas o señales de abusos e ir creando una cultura preventiva, que no minimice los hechos cuando se produzcan, situación que muchas veces se verifica por ignorancia de las personas involucradas.

Todas estas medidas se proponen como obligatorias y se responsabiliza en el contexto de la ley general de educación a las autoridades de los establecimientos educacionales para su cumplimiento, pudiendo aplicarse multas de hasta 50 UTM en caso de infracción de estas obligaciones o el doble en caso de reincidencia.

El senador Patricio Walker indicó que “con esto queremos involucrar a los establecimientos educacionales en la prevención y en el combate del abusos sexual infantil.  Esperemos que este proyecto de ley sea aprobado. Es la iniciativa número 25 que presento para combatir los delitos sexuales contra menores. Es una tarea larga y difícil, pero tenemos que seguir cerrando los espacios de impunidad a los pedófilos que abusan sexualmente de los menores, afectándolos para toda su vida”.